Más participación

Democratización de la Universidad

Autonomía para Curicó

Por que no podemos seguir esperando que los cambios llegen desde arriba, el poder debe ser para los estudiantes !!!!

Creemos que la educación es un derecho inalienable, un instrumento de concientización y cambio social, de desarrollo humano individual y colectivo. Creemos que el Estudiante tiene mucho que aportar a su Universidad y al país.

Estamos artos del discurso, queremos acciones para transformar nuestra Universidad en un formador de agentes activos en su propio desarrollo. Estamos artos de que nuestra Universidad sea sólo un lugar físico restringido de ideales, derechos y beneficios. Queremos ser actores partícipes de los procesos de nuestra casa de estudios y no ser un cliente más del sistema de mercado.

Es por esta y muchas razones que proponemos una nueva forma de vincularnos y de construir no sólo la Universidad, sino que sobre todo crear nuevas posibilidades de integración y crecimiento. Es por ello que nuestra propuesta se encuentra enmarcada en una serie de valores intransables de igualdad, justicia, democracia y participación. Es por ello que nuestra postura es profundamente defensora y convocadora al diálogo, la participación, la integridad del desarrollo, la concientización de los problemas en nuestro contexto de actividad y de existencia reformulando el rol de la Universidad, al menos de la visión clave que debe poseer una Federación de Estudiantes.

Por estas y muchas razones más que nos llevan a pensar en que otra UCM es posible

VOTA POR LA LISTA B

OKUPA

A proposito de la casa OKUPA desalojada por la policia chilena, el pasado lunes 25 de septiembre. Queremos mostrar una declaración hecha por una casa OKUPA española, acerca del rol y la naturaleza de este tipo de movimiento sociales, tan cuestionados actualmente... saquen sus conclusiones

Agunas notas sobre el movimiento de okupación

Demos por supuesto que existe algo a lo que se puede llamar movimiento de okupación, pero que ello no presuponga que va más allá de un proceso difuso que comprende las prácticas diversas de los grupos y personas que okupan viviendas o edificios motivados no sólo por el interés de librarse de la pesada carga de los alquileres, sino por un ánimo social diverso y en absoluto unificado: desprovisto, pues, de estrategia y de organizaciones estables, al menos en este momento. Si esto es así, el movimiento tiene vectores diferentes de realización.
Por un lado, hay quien plantea las okupaciones tanto de viviendas como de centros sociales como respuesta a una necesidad –de techo digno sin explotación/especulación, de espacios donde realizar actividades autónomamente, sin mediaciones o dependencias institucionales–; por otro, hay quien lo hace como realización de un deseo –de vivir autónomamente, de tematizar conflictos en el seno de la metrópoli, de inventar formas de vida no condicionadas por la norma imperante: económica, cultural, sexual, afectiva...–. Son, por suerte, vectores enredados, líneas que se cruzan, se entienden y se apoyan. Es precisamente este interlineado, este proceso de cooperación y contaminación de planteamientos, el que marca la situación actual en Madrid.
Se ha solido ver las okupaciones como una asunto de gente concreta, “militantes” de un sector de la izquierda radical que encuentra en ellas sus formas políticas y señas de identidad. Eso cuando no se ha clasificado directamente a quienes okupan en la cuadrícula periodístico-policial de las “tribus urbanas”. La gente que ha acumulado diversas experiencias de okupaciones ha venido expresando, sin embargo, que la okupación es un instrumento y no un fin: instrumento de expresión de ideas y actividades políticas y sociales, espacio abierto de (inter)comunicación, incluso a pesar de arrastrar durante mucho tiempo cierta fama –sólo a veces fundada– de sectarismo y de tribalismo o marginalidad (para la izquierda más oficial). Otr@s, advenediz@s de este movimiento, no entramos a discutir sobre los instrumentos y los fines de las luchas, no sabemos distinguir, no queremos emplazarnos a un después que justifique el ahora ni nos preocupan los objetivos. Lo que sí sabemos (o queremos saber) es que en estas prácticas va nuestro deseo de vivir insumiso. (En el último panfleto de la okupa de Lavapiex 15: “no es para quedarnos en casa que hacemos una casa / no es para quedarnos en el amor que amamos / y no morimos para morir / tenemos sed / y paciencias de animal”) Y aunque esto pudiera aparentar cierta diferencia de principio, estamos en un momento en que la diferencia es gozosa y no es impedimento, sino proyectora de actividades comunes, de cooperación social en las luchas, que necesariamente tienen que afectar al cotidiano.
Las okupaciones, los espacios de libertad, han contribuido lo suyo a hacer proliferar el pensamiento crítico, las formas de vida radicales e insumisas, las ideas de cooperación entre diferentes sin un arbitrio de identidad. Así, ahora es posible compartir proyectos sin necesidad de establecer mecanismos de unificación diferentes del propio deseo de estar junt@s, de crear espacios multiformes, singulares, colectivos, verdaderas máquinas de lucha que proliferan y abarcan muchos terrenos, desde el convencionalmente político hasta el micropolítico –o lo social, donde mientras se piensa y actúa sobre la realidad dada también se experimentan otras formas de vida, trata de cambiar la vida–. En las okupaciones han tenido cabida para llevar a cabo sus actividades colectivos de todo tipo: sindicales, de barrio, antirrepresivos, de mujeres, de gais y lesbianas, antimilitaristas... y también musicales, artísticos, artesanales, grupos de autoempleo, cooperativas, etc.
Vistas las okupaciones como instrumento o vistas como momentos de lucha, la cooperación es posible. Cooperación no sólo entre quienes quieren una forma de vida política, sino entre espacios sociales que manifiestan sus deseos de lucha de formas muy diferentes. Los centros sociales okupados han estado y estarán abiertos –por definición– a las iniciativas de tod@s aquell@s que tienen algo que decir (no sólo reivindicar). No siempre se ha entendido y no siempre se ha aprovechado esa apertura. El intento –y no es el primero– de comunicarse ahora con otros espacios de lo social que habitualmente han visto las okupaciones como algo de otr@s tiene que ver con esto: el deseo o la necesidad de constituir territorios sociales diversos, potentes y creativos, espacios también de mestizaje político, social y cultural. Y también, cómo no, de tematizar problemas que son tabú en la metrópoli: la mercantilización del suelo urbano, la miserabilización de la vida en la ciudad, el círculo vicioso de aprendizaje en la producción-vida para la producción, la relación entre la vida cotidiana y el mando del capital, la usurpación de nuestros conocimientos por los dueños de todo lo material. No hay un sujeto definido para esas luchas, por más que se haya querido ver como un asunto de jóvenes radicales (y en su mayoría lo somos): sólo quien desee llevarlas a cabo. ¿Quiénes son l@s okupas? ¿L@s okupas mediátic@s? ¿Y por qué no también las gentes de la llamada izquierda, que piensan y actúan radicalmente? Cualquier colectivo, grupo de afinidad, plataforma, etc., puede desobedecer al mando y entrar en líneas de actuación que quiebran la legalidad desde la legitimidad y las ganas de libertad: pueden okupar, ser insumis@s, hacer objeción fiscal, abstenerse en el trabajo, participar en huelgas salvajes, hurtar en los supermercados, colarse en el metro, trucar la luz, obtener irregularmente subsidios... formas de apropiación del tiempo de vida, que, por descontado, también pueden ser legales. Pero hacen falta ganas, cooperación, luchas y conocimientos compartidos. Hay muchas casas vacías, hay más espacios vacíos.

Lavapiex, noviembre 1996

Fuente:www. punksonidos.com.ar


Movimiento Autónomo Quelhue

Profesores podrían realizar paro indefinido a fin de mes

CURICÓ.- Tal como estaba anunciado, en horas de la mañana de ayer los profesores llevaron a cabo el paro de advertencia en todo el país.En esta ciudad, los profesores no concurrieron a los establecimientos educacionales y pasadas las 11 de la mañana, en un grupo de alrededor de 200, concurrieron a la Plaza de Armas a protestar y a hacer entrega de una carta con sus peticiones a la gobernadora provincial.El presidente del Colegio de Profesores, Patricio Escobar, criticó a la primera autoridad por no haberles recibido personalmente la carta con su petitorio.Según el dirigente, en la comuna de Curicó la adhesión al paro fue por sobre el 95% y en la provincia de Curicó se superó el 90%. En la Dirección Comunal de Educación de Curicó, las cifras entregadas eran muy inferiores.“Estamos muy contentos y esperamos que el gobierno tenga una actitud distinta a la que tuvo la gobernadora. Esperamos que el gobierno no haga oídos sordos a lo que está ocurriendo en todo el país en este minuto”, indicó Escobar.“Esto de entregar una carta petitorio -agregó- está ocurriendo en todas las cabeceras provinciales y regionales. Teníamos concordado con la gobernadora una entrega de la carta, no estuvo, tampoco su jefe de gabinete y nadie que la recibiera y eso no suma puntos a favor ni del gobierno ni de las autoridades locales”.
PARO INDEFINIDOEl dirigente dijo que van a esperar hasta el día 26 que el gobierno les dé una respuesta al petitorio, de lo contrario estarían haciendo un paro indefinido.“Si nosotros no tenemos respuesta en los próximos días vamos a hacer un plebiscito nacional entre los profesores, para determinar posiblemente un paro indefinido a partir del 26”, concluyó.Entretanto, la Dirección Comunal de Educación y de acuerdo a sus respectivos directores, señaló que en la comuna de Curicó, de las 45 escuelas, se paralizaron 25 con un 55% de adhesión y 13 trabajaron en forma absolutamente normal, lo que constituye un 29%. A medias trabajaron 6 colegios con un 16%.De los 798 docentes de la comuna de Curicó, 526 adhirieron al paro, constituyendo un 66% del total.

Fuente: http://www.diariolaprensa.cl/modules.php?name=News&file=article&sid=296

Foro en la UCM

El movimiento Autónomo Quelhue tiene el agrado de invitarte al Foro "Latinoamérica: otro mundo es posible", entre los invitados están el ex candidato presidencial del Juntos Podemos Mas Tomas Hirsch, el profesor del Instituto de Ciencias Sociales, Francisco Reveco y una alumna de la UCM (por confirmar). La invitacion es para el día jueves 14 del presente mes a las 12:00 en el Centro de Extension de la UCM (Prat esquina Membrillar). La invitacion es abierta a la comunidad y gratuita.

Chile: un 11 de septiembre que no termina

Han pasado más de dieciséis años desde el fin de la dictadura militar. Sin embargo, los Derechos Humanos se continúan violando en Chile. No solamente se violan por la impunidad en que tantos crímenes de lesa humanidad han quedado sin lograr nunca verdad, justicia y reparación.No solamente se violan en la persona de los presos políticos mapuches que cumplen condenas injustas por “terrorismo”. A treinta y tres años del golpe militar de 1973 los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población chilena se continúan violando día a día.Hasta el golpe militar de 1973 la educación, la salud, la previsión y la vivienda -entre otros derechos- se consideraban bienes y servicios públicos; es decir, bienes a los que las personas accedían por su condición de ciudadanos/as y no como clientes o consumidores. Se entendía que el financiamiento de la canasta de bienes y servicios públicos debía provenir de la recaudación de impuestos que el Estado realizaba. Al mismo tiempo, se establecieron derechos colectivos del trabajo: sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga, entre otras conquistas que permitieron la defensa de los derechos laborales. A partir del golpe militar de 1973, y bajo la influencia del programa y de la ideología neoliberal, se procedió a desconocer la existencia de los derechos sociales y económicos de la población, hasta situarlos como responsabilidad individual de las personas. Como reflejo de estas políticas, la Constitución de 1980, dejó de garantizar los derechos a la educación, a la salud, al empleo, a la justa remuneración, a la seguridad social, etc. El Art. 19 de la Constitución de 1980 en la mayoría de los casos consagra el derecho individual de "acceder libremente" al ejercicio de los derechos económicos y sociales, sin que el derecho sustantivo quede objetivamente asegurado o, al menos, consagrado. Así se comenzó a considerar los servicios públicos como mercancías, lo que ha agravado la vulnerabilidad de los sectores bajos y medios, quienes no pueden costear los servicios privatizados y sólo pueden acceder a servicios estatales degradados y desfinanciados. Al mismo tiempo el Estado fue redefinido bajo un “rol subsidiario”, que redujo sus ingresos tributarios, debido a que se rebajaron los impuestos a las empresas y a los sectores de mayores ingresos. Por ejemplo, por medio de la ley sobre exenciones a la especulación financiera, que permite invertir en la Bolsa y en transacciones financieras sin tributar las utilidades que de ellas se perciba. Desde entonces la estructura tributaria chilena se caracteriza porque porcentualmente pagan más quienes tienen ingresos menores, lo cual rompe con los principios de equidad más elementales. En Chile, la distribución del ingreso es más regresiva después que antes de pagarse impuestos” . Esa situación creó las condiciones para aplicar en Chile un modelo de “crecimiento empobrecedor”. Este modelo fue descrito por el profesor Jagdish Baghwati en 1958 y se refiere a los efectos perjudiciales que suelen afectar a países ricos en recursos naturales o que logran grandes inversiones extranjeras pero que no logran generar condiciones de desarrollo endógeno. Este modelo crea las condiciones para una desigualdad crónica, ligada a efectos nefastos como la violencia delictiva y otras patologías sociales que se acumulan de forma explosiva. Paralelamente, toda la estructura política chilena fue configurada para conservar el Stau Quo, mediante un complejo sistema de cortapisas y amarres, como el sistema electoral binominal, la conformación de los distritos electorales, la fórmula de conversión de votos en escaños parlamentarios, y especialmente los altos quórum en las materias de ley de cierta trascendencia. Diversos especialistas han denunciado que el gasto social no ha mantenido los incrementos que tuvo en los primeros años de la democracia, existiendo los recursos para hacerlo. Sin embargo, debido a la ortodoxia económica del gobierno, empeñada en mantener un superávit estructural del 1% del PIB, estas utilidades no se han traducido en una mayor cobertura de las necesidades de las personas. El gasto social en relación al PIB se mantiene en torno al 17%, en circunstancias que antes de 1973 alcanzó porcentajes superiores al 30%. Con anterioridad al golpe de Estado de 1973, el gasto público en salud y educación alcanzó al 4.7% y 7.2% del PIB, respectivamente, cifras que al fin de la dictadura se habían reducido a 2.6% y 2.9% del PIB, respectivamente. Al 2000 dichas cifras se habían recuperado a 3.1% y 4.1% del PIB, respectivamente, situación que se ha mantenido relativamente estable. Por esta razón la cobertura de los servicios básicos como educación, salud, vivienda y previsión siguen dependiendo de los ingresos de las personas y no de su dignidad como ciudadanos/as.Por este motivo es posible caracterizar a la democracia chilena mediante una categoría elaborada por Franz Hinkelammert: “democracia de seguridad nacional”. Esta caracterización hace referencia a que la democracia que se re-estableció en 1990 no posee continuidad con la democracia anterior al golpe militar de 1973, sino que prolonga las principales políticas de la dictadura militar. Esta continuidad explica, entre otras cosas, la grave inequidad en la distribución del ingreso que se ha convertido en un problema crónico y que cuestiona gravemente la estructura social y política de Chile. Los derechos humanos son indivisibles, ya sean de naturaleza civil, cultural, económica, política o social. Por consiguiente, todos los derechos poseen el mismo rango y condición, y no pueden ser clasificados, a priori, en orden jerárquico. Por este motivo la Constitución de 1980 es un instrumento legal que viola sistemáticamente los Derechos Humanos de la población chilena y por lo tanto es el principal responsable del sostenimiento de un sistema político y económico ilegítimo y atentatorio a la dignidad humana.

Fuente: www.rebelion.org